En el conflicto educativo, el gobierno debe tomar el otro camino
Las acciones históricas han hecho que el 26 de Julio sea hoy el día de la lucha común de los pueblos de Nuestra América. El 26 de Julio de 1822 se abrazaban Bolívar y San Martín en Guayaquil buscando una coordinación estratégica para el logro de la primer independencia sudamericana; el 26 de Julio moría Eva Perón reafirmando siempre, incluso frente a sus partidarios, que el que usa la política para enriquecerse es un oligarca, y el 26 de Julio de 1953, el movimiento revolucionario cubano encabezado por Fidel Castro iniciaba un proceso de liberación política y social que se iba a constituir como el gran hecho histórico y el nuevo camino abierto de lucha de la historia contemporánea de Nuestra América. El 26 de Julio de 2010, los trabajadores docentes entrerrianos también marchan contra el ajuste, la entrega, la persecución y el saqueo.
El gobierno provincial debe elegir entre dos caminos: entre continuar con ataques inaceptables e inútiles a los trabajadores y seguir con discursos vacíos cargados de cinismo e hipocresía, que agravarán el conflicto, o un camino distinto, de empezar a reconocer la verdad de la realidad, las necesidades, la precariedad laboral, social y educativa, y sentarse a discutir seriamente la búsqueda de respuestas reales, globales y sólidas a todas las demandas de los docentes y de las comunidades educativas.
No se puede mentir diciendo públicamente que “otorgamos el mejor aumento provincial frente a los acuerdos paritarios nacionales” y que “hay un acuerdo firmado”, porque tanto uno como los otros han sido declarados insuficientes desde febrero por los docentes entrerrianos, que no firmaron nada y que lo han reafirmado reunidos democráticamente en asambleas y congresos. No se nos puede dar a elegir entre guatemala o guatepeor, porque ya le hemos dicho que no estamos de acuerdo con esa lógica injusta y excluyente.
No se puede publicitar siempre algunos árboles sin ver el bosque. No puede un gobernador disculparse un día con una comunidad educativa ante los reclamos por las pésimas condiciones de una escuela, y al otro día salir a ofender gratuitamente los reclamos y la lucha de los demás.
Por lo demás, es revulsivo el lenguaje ideológico y las malas artes elegidos por los funcionarios de este gobierno provincial. Hablar de “poner en peligro la paz social” es utilizar una expresión de aquellos que alguna vez dijeron ser “derechos y humanos”, lo mismo que el que de una manera tan inmoral como oportunista se pone a pensar en la situación de los menores sólo cuando hay un plan de lucha docente por más derechos para todos. Alguna vez, funcionarios como Raúl Solanas, Balla, Rodríguez Signes, Graciela Bar y Adan Bahl, podrían tener la dignidad de recorrer y ver las necesidades de todos los docentes, de todas las escuelas, de todos los gurises y de todos los comedores escolares. Hacer un planteo mediático por año por los menores es reproducir aquellas prácticas políticas de las “sociedades de beneficiencia”, que tanto repudió la propia Eva Perón.
El gobierno debe empezar a pensar el inicio de discusiones y negociaciones serias con Agmer para ir destrabando el conflicto. Un aumento salarial sustancial y en blanco para todos los docentes debe acompañarse con otras medidas urgentes e importantes tales como fondos especiales del Bicentenario para la Educación con recursos nacionales y provinciales, el inicio de un debate por más presupuesto para la educación en 2011, un mayor presupuesto para comedores escolares a partir de esta última parte del año, un cronograma de devolución de todos los descuentos, y el fin de los recortes de horas cátedras pensados para la escuela secundaria. Discutir nuevos contenidos educativos capacitando a los trabajadores actuales sin recortar las horas de trabajo de nadie sería un buen gesto de diálogo democrático real.
Esperamos un cambio de tono y de política educativa de este gobierno a partir del lunes. Si los ataques y persecuciones continúan, con la amenaza de descuentos, entre otras cosas, los trabajadores docentes tienen derecho, a partir de ahora, a solicitar por escrito quién da la orden de retenerle ilegalmente y robarle su ajustado sueldo, para iniciar las denuncias legales correspondientes.
Por otro lado, indigna ver las fortunas que el gobierno gasta en publicidad engañosa, y lo que se podría hacer con ese dinero. Pienso, por ejemplo, en el aula que tanto anhelan los gurises de 3er año (el ex 9no) y los docentes de la Escuela Nro. 55 de María Grande.
Por: Mauricio Castaldo. Secretario general de AGMER María Grande y Congresal de la Entidad
